Campañas publicitarias agresivas, precios por debajo del mercado y caras populares que invitan a mejorar la sonrisa. Son algunos de los ganchos que emplean las grandes cadenas de clínicas dentales para captar pacientes. Detrás de esas firmas hay empresarios para quienes los enfermos son meros clientes. Para ellos lo importante es el consumo, no la salud. En los últimos años son muchas las empresas de este sector que han cerrado sus puertas debido a una mala gestión de su equipo directivo o a presuntos delitos de estafa. En Canarias, los casos más recientes son los de Dentix e Idental. Dos compañías que al bajar la persiana sin previo aviso han dejado a miles de personas con costosos tratamientos inacabados y créditos ligados a los procedimientos médicos que se ven obligados a seguir abonando a las financieras.
“Yo fui para arreglarme dos muelas y terminé por perder todos mis dientes”, lamenta la presidenta de la Asociación de afectados por Idental en Las Palmas (Aplafiden), Paz Monzón. Quien no se cansa de denunciar el trato inhumano que recibieron los 21.102 afectados por el cierre de una clínica dental que les aseguraba que tenía una subvención de un millón de euros, para que sus tratamientos les resultaran mucho más económicos. “Cuando entrabas todo eran sonrisas”, recuerda Monzón, “el problema llegaba cuando firmabas el contrato con la financiera y después no te daban la primera hasta más de dos semanas después, cuando ya había expirado el plazo legal para poder cancelar el crédito”. Es decir, obligaban a los pacientes a cerrar un acuerdo con la entidad incluso antes de conocer al profesional que les iba a gestionar su tratamiento.
Facua reclama a Consumo y a las autonomías que regularicen el sector
Aunque el mayor daño fue en la salud, la economía de los afectados también se vio perjudicada. Cuando Monzón acudió a Idental le hicieron un presupuesto inicial de 12.000 euros y después le dieron la “sorpresa” de dejarlo en 2.900 euros gracias a la supuesta subvención. Para colocarle los implantes le hicieron un raspado de las piezas que las dejó inservibles, lo que le obligó a pasar casi dos años alimentándose a base de líquidos. “Al final tuve que pedir un crédito personal de 12.000 euros para poder arreglarme la boca con otro profesional que me advirtió de que el daño que me habían hecho era extremo”, detalla la presidenta de Aplafiden. “Nos dimos cuentan de que nos trataban como cabezas de credo, daba la impresión de que estaban haciendo prácticas con nosotros, porque entre ellos siempre se estaban preguntando dudas”, explica Monzón.
“Perdí todos mis dientes”
Este presunto caso de estafa está en los tribunales. Más de 500 personas del Archipiélago denunciaron su situación ante la justicia y ahora esperan una respuesta. Necesitamos que se haga justicia, esto ha sido un atentado contra la salud”, sentencia la portavoz de los afectados.
Hace tan solo unas semanas, saltaron las alarmas al cerrar las clínicas Dentix. Si bien, este caso está relacionado con una mala gestión empresarial, pero hay más de 2.000 personas en las Islas que se han visto perjudicadas. El abogado Saúl Álamo, como presidente de la Plataforma Oficial de Afectados de Dentix de Canarias, representa legalmente a cerca de medio millar de pacientes que confiaron su salud dental a esta cadena de clínicas. “Un día antes de cerrar estaban atendiendo y dando citas con total normalidad y, ahora, hay cientos de personas que no pueden, ni siquiera, recuperar sus expedientes médicos”.
Mutis de Sanidad y Consumo
Los afectados por el cierre de Dentix y de Idental se han topado con un problema en común: las financieras. “Se niegan a cancelar los contratos y a devolver el dinero a quienes han pagado y están pagando por un tratamiento que no han recibido o que está incompleto”, apunta Álamo. Quien recalca que para dar por cerrado el acuerdo las financieras solicitan una documentación imposible de conseguir, precisamente porque las clínicas no están operativas. Asimismo, lamenta no haber recibido una respuesta por parte de las consejerías de Sanidad y de Consumo del Gobierno de Canarias, a las que se ha dirigido por carta para solicitar respaldo frente a esta situación.
Afectados por los cierres continúan abonando cuotas por servicios no recibidos
En este sentido, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, reclama una acción conjunta por parte del Ministerio de Consumo y de las Comunidades Autónomas frente a las financieras, a las que “hay que advertirles de que si siguen cobrando los créditos pueden acabar recibiendo sanciones económicas”. Estas entidades, apunta Sánchez, “siguen cobrando las cuotas a sabiendas de que el tratamiento no se presta”.
Por esto, hace un llamamiento a las autoridades competentes para que comiencen a controlar el sector. “Tanto el Ministerio como las comunidades autónomas son conocedoras de que se han dado muchas prácticas fraudulentas en los últimos tiempos, pero no quieren aprender la lección y no asumen la necesidad de controlar este mercado”, sentencia el portavoz de Facua.
La organización de consumidores reivindica a la Administración pública que las clínicas estén obligadas a contar con un seguro de responsabilidad civil que cubran el riesgo de cierre y ofrezcan garantías ante la negligencia en la gestión y el fraude a los consumidores; la regulación de la publicidad sanitaria; y la máxima transparencia y publicación de las sanciones impuestas, tanto en el ámbito de consumo como de salud.
MÁS DENTISTAS EN LA SANIDAD PÚBLICA Y REGULAR LA PUBLICIDAD
Con el objetivo de evitar los problemas ocasionados por el cierre de las grandes cadenas de clínicas dentales, el Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas reclama una regulación férrea del sector por parte de las autoridades sanitarias y de consumo. El presidente del colegio profesional, Francisco Cabrera, considera que si el Sistema Nacional de Salud incluyera más prestaciones en odontología casos como los de Dentix o Idental disminuirían, ya que un menor número de personas se vería obligada a recurrrir a las clínicas privadas. Además, recuerda que hace cerca de un lustro se aprobó una Proposición no de Ley en el Parlamento de Canarias para regular la publicidad sanitaria y todavía no se ha hecho nada al respecto, a pesar de que todas las formaciones políticas están al tanto de la iniciativa. “Es necesario que la publicidad del sector sea veraz y rigurosa, además de que sería muy positivo que pasara un filtro administrativo previo, para que no incite al consumo y no se digan media verdades”, señala Cabrera, quien insiste en destacar que “la salud no es un negocio”. Entre las demandas del Colegio de Dentistas también está aumentar las inspecciones sanitarias a las clínicas, para comprobar que cumplen con todos los requisitos. | I. D.
