No voy a invocar la Constitución ni su artículo 116. Ya me he cansado de predicar en el desierto y la pobre carta magna ya anda bastante maltrecha. Y tampoco voy a decir, como en su día sostuve, que se tiene la mala manía de inventar vocablos impertinentes e inadecuados, que ahora, además, no es el caso. Solo quiero llamar la atención sobre un eventual riesgo que cara al exterior supone el que se escoja entre una u otra fuente de legitimidad de las medidas contra la covid.
Francia tiene una previsión constitucional en su artículo 16 que no ha querido utilizar en esta ocasión como tampoco su completo Código de Salud Pública, prefiriendo elaborar una ley ad hoc (la n° 2020-290 del 23 marzo), es decir, para el tratamiento de la situación ocasionada por la covid. No han llegado a tanto los alemanes ni los austriacos, pero sí han procedido a reformar en cuantos aspectos se estimaron necesarios la normativa de aplicación con que contaban ya al llegar la pandemia. Nosotros teníamos un instrumento previsto constitucionalmente (para casos imprevistos y de gravedad) y lo utilizamos, aunque no sé si la imprevisión puede cubrir varios meses, pero ahora no vale la pena entrar en ello.
Han pasado siete meses y medio y no hemos hecho los deberes. No se sabe bien para qué están nuestros Parlamentos y digo esto porque, aunque lo más rápido, lógico, normal y eficaz es que el Gobierno presentara proyecto de ley, ya que no lo hace podrían los grupos parlamentarios haber presentado proposiciones de ley (puede que lo hayan hecho) o incluso las comunidades autónomas haberlo solicitado en uso del artículo 87.2 de la Constitución. No se ha hecho, es mucho trabajo deben pensar, o no tienen bastantes asesores, o no cobran bastante, o se han visto afectados por los ERTE... quién sabe.
Estamos normativamente en el nivel de coberturas como hace siete meses y medio; aunque sí hemos hecho una reforma de la Ley de la Jurisdicción contenciosa (la 3/2020, de 19 de septiembre, ya descansados con las vacaciones) sobre la que por mala interpretación se nos está informando como si los jueces fueran o pudieran ser consultados por la Administración al adoptar medidas sobre la covid. Bueno, podríamos pensar, pues que trabajen más los jueces; pero no es así. No se informa bien de tal reforma, la primera vez que lo oí pensé que también les cargaban con una función consultiva; pero en cualquier caso creo que todo empieza a parecer posible o así parece a quienes informan.
Volviendo a lo importante. España tiene medios normativos más que suficientes para salir al paso de la situación. He mencionado la ley ad hoc, o la reforma de las que tenemos. Y ante una situación como la actual que en los últimos días se ha agravado tanto, ¿por qué no el decreto ley, que es una norma pensada por la Constitución para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad? De haberla utilizado, el Gobierno disponía de 30 días hasta que el Congreso la hubiera ratificado e incluso convertido en ley.
¿Qué ganábamos con todos esos medios? Pues, como poco, dejar de vincular el nombre de España con el estado de alarma que ya se va mencionando y usando en exceso, sin entrar ahora en si es procedente. ¿Cómo lo traducirán los franceses, los ingleses, los alemanes, los japoneses, etcétera? No sé exactamente lo que imaginarán, pero tal vez ni esa expresión ni la de toque de queda (que total es un confinamiento nocturno de 6 horas) sean las más oportunas para un país que vive del turismo. Desde luego, puestos a asustar (si es lo que se quiere) puede funcionar, pero no creo que sea lo más oportuno siendo que hay otros medios normativos y siendo que sorpresa, sorpresa ya no la hay a estas alturas; situación de extraordinaria urgencia y necesidad, sí. Pero esa es la misma urgencia que vamos teniendo más de siete meses, la de que nuestros representantes se pongan a trabajar.
Y de paso, que vayan pensando si no sería conveniente, visto lo visto, ir reduciendo drásticamente su número como en otros países próximos se está haciendo para ser un poco ejemplares; y ya de paso también si el presidente del Gobierno tuviera a bien reducir su nutrido Gobierno, quién sabe si podríamos contratar bastantes médicos con el mismo dinero. Los italianos creen haber ahorrado 100 millones de euros reduciendo el número de sus parlamentarios; ya sé que se dirá que es el chocolate del loro, pero como este loro es muy gordo, con que haya chocolate para 1.000 o 1.500 médicos (y enfermeros) más podríamos seguir buscando más chocolate.
Y, por favor, no se enfaden que no es personal, es solo fruto de la angustia de quien ha pregonado fuera de nuestras fronteras que teníamos la mejor sanidad del mundo y, además, creo que se trata de una angustia hoy bastante extendida.
