Canarias está viviendo la mayor presión migratoria procedente de África desde la ‘crisis de los cayucos’ de 2006, con cifras en los dos últimos meses de llegadas de personas en embarcaciones precarias y jugándose la vida que superan a las que, proporcionalmente, se produjeron entonces en el mismo periodo de tiempo. Si el ritmo de llegada de pateras no cesa, se batirá el récord de hace 14 años. Pero lejos de estar en condiciones, por la experiencia de aquella crisis, de abordar el problema con garantías y resolver razonablemente la situación, la realidad es que nos encontramos ante un panorama radicalmente distinto, con miles de migrantes retenidos en las Islas, sobre todo en Gran Canaria, en condiciones inhumanas, y con un Gobierno del Estado, responsable de la gestión, totalmente superado, desarbolado por completo y sin capacidad de reacción ante esta emergencia humanitaria. Al menos hasta ahora.
Asumiendo la complejidad del problema y las dificultades que presenta esa gestión en estos momentos como consecuencia de la pandemia sanitaria, es hora sin embargo de exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que corrija los errores que evidentemente viene cometiendo desde el principio de la emergencia, y que adopte medidas efectivas en todos los frentes La situación se ha hecho tan insostenible, para los propios migrantes y para el conjunto de la sociedad canaria, que no valen ya anuncios hueros y palabrería oficial, como los que se han puesto sobre la mesa hasta ahora, sino determinación política para hacer lo que sin duda es un clamor en el Archipiélago: la necesidad de que toda España asuma que esto es un problema de país, una cuestión de Estado, y que se empiece a derivar migrantes al resto del territorio nacional, en las condiciones de atención y acogida propias de un Estado de derecho, en tanto se llevan a cabo, con los requisitos que establece la ley, la repatriación a sus países de origen. Tan claro, como que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, avisa: Canarias se revira. Torres se encara ante el Estado para impedir que en el Archipiélago se encierre a toda la emigración africana que llega a las costas de las Islas. No está solo. En este desafío le arropa el PSOE canario, partidos, sindicatos, ONG y empresarios.
También corresponde al Estado dar la batalla en Bruselas para que la propia UE asuma esta cuestión como propia y admita un reparto solidario entre el conjunto de los países miembros. Canarias no puede convertirse en una cárcel para estos miles de personas que no tienen estas islas como destino real, y cuya retención en condiciones inhumanas están minando la imagen de España y del propio Archipiélago ante el mundo.
Canarias no puede convertirse, como parece pretender el Gobierno central, en nuevas Lesbos o Lampedusa. Canarias no es una pequeña isla o un puerto de segunda en el Mediterráneo, es un Archipiélago líder mundial como destino turístico, de cuya actividad depende todo su bienestar, que quedaría maltrecho por muchísimo tiempo y con dificultades de recuperación si a la crisis del sector por la pandemia sanitaria se une un deterioro de su imagen por la crisis migratoria.
La actual emergencia humanitaria no puede convertirse además en un nuevo elemento que incida en la emergencia económica y social que sufre el Archipiélago. Canarias es la puerta sur de Europa, la tarjeta de presentación de ‘Los 27’ en el Atlántico meridional, que merece una respuesta urgente española y europea. Si la UE es siempre un ejemplo en su reconocimiento de las singularidades del Archipiélago como región ultraperiférica y de la necesidad de políticas específicas de compensación, la misma visión debería exigírsele para crisis como esta, algo que por desgracia quedó lejos de percibirse en la reciente visita a las Islas de la comisaria de Interior, Ylva Johansson.
Es un hecho por todo el mundo reconocido que el Gobierno central está llegando tarde a todo este problema pese a las advertencias previas. No ha sido capaz de prever la avalancha de jóvenes, sobre todo magrebíes, que esperaban la apertura de fronteras, tras la primera ola de coronavirus, para salir con destino a las costas canarias, sobre todo tras la crisis en los sectores agrícola y turístico en Marruecos y otros países de la zona (por la sequía y falta de viajeros internacionales), ni lo está siendo ahora para responder ya a la evidencia de la llegada de más de 17.000 migrantes a lo largo del año. Y a la falta de estrategia, planificación, coordinación y voluntad política para afrontar la emergencia se unen errores de una gravedad insoportable como el desalojo de 227 migrantes de las instalaciones de acogida del muelle de Arguineguín en el que se hacinan casi 2.000 personas.
El desamparo en el que quedaron, sin comida ni cobijo, deambulando por la población del sur y luego por la capital, no tiene explicación. La teoría del “error policial” que está difundiendo el Ministerio del Interior es inconsistente, no tiene justificación, por lo que se impone una explicación política por parte del ministro, Fernando Grande-Marlaska. El episodio ha causado estupor en toda la sociedad canaria, y en especial en la capital grancanaria, viendo cómo esos 227 migrantes quedaban atrapados en una ciudad, de noche, sin ningún tipo de asistencia, en una diabólica invitación a que para poder comer tuvieran que delinquir. La primera reacción del ministro a esta situación, además de anunciar que ha abierto una investigación que seguramente podría ahorrarse, ha sido mandar 250 antidisturbios a Gran Canaria, la mayoría trasladados desde la Península, lo que da a entender que Marlaska no descarta un deterioro del orden público en la Isla. ¿Por qué? ¿Es que habrá nuevos desalojos de los centros provisionales de retención? ¿O es que teme algún tipo de reacción por parte de la población? Policía de la Península a Gran Canaria en lugar de traslados de migrantes desde la Isla al resto del Estado. Esta es la respuesta incomprensible que de momento está dando el Gobierno central.
Las visitas del pasado viernes de los ministros de Migraciones, José Luis Escrivá, y de Transportes, José Luis Ábalos, tratan de parar el deterioro de la imagen del Ejecutivo y de frenar la indignación de los canarios, incluida la del Gobierno regional de Ángel Víctor Torres. Han concretado ese ‘plan de choque’ con el que intentan atajar la emergencia, consistente en habilitar nuevos espacios de acogimiento hasta alcanzar las 7.000 plazas antes de finales de año, un nuevo parche que, aunque necesario para la retención de los migrantes durante sus primeros días de estancia en las Islas, no responde al fondo del problema: la necesidad de su derivación a la Península y al resto de Europa. Va siendo hora, quizá, de que sea el propio Pedro Sánchez quien venga a Canarias, no con intención de aumentar la colección de fotos inútiles en Arguineguín, sino para tomar las riendas con medidas concretas y efectivas y acabar con la descoordinación en su gabinete.
En este contexto no faltan quienes, irresponsablemente, se apuntan a sacar rédito político. La crítica a la gestión del Gobierno no es incompatible con una actitud responsable para evitar que el malestar de las instituciones y de la ciudadanía se convierta en caldo de cultivo para el racismo y la xenofobia, o en alimentar atajos políticos no compatibles con una democracia moderna y un Estado de Derecho plenamente vigente y operativo. Por eso resultan preocupantes algunas actitudes de representantes políticos que se mueven por el filo de la navaja, con mensajes de no muy clara lectura, cuando no abiertamente peligrosa, como esa mención desde un escaño en el Congreso al independentismo violento del Mpaiac como supuesto fantasma con el que agitar la protesta por la falta de respuesta por parte del Estado. La gestión del Gobierno es muy criticable y tiempo habrá de pedir responsabilidades, pero a Canarias no le interesa ahora un rosario de dimisiones, como piden algunos, sino exigir respuestas urgentes ante una situación límite.
