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Gobernar por decreto ley, a las bravas

En los últimos dos años, los gobiernos de Sánchez han aprobado más de cien decretos leyes. El Presidente, que criticó con vehemencia desde la oposición a Rajoy por el abuso de esta práctica, se ha convertido en el campeón del “decretazo”, que maneja con fruición y esmero, más aún en estos últimos meses al hilo de la excusa de la situación alterada gravemente por la pandemia.

No conviene perder de vista que este tipo de disposición normativa es de naturaleza excepcional, y que acudir a su auxilio supone, en primer lugar, la perturbación del modo ordinario de elaborar leyes, que corresponde al Parlamento; y en segundo lugar, en cuanto que su uso es más frecuente en gobiernos que no disponen de la suficiente aritmética parlamentaria, pone de manifiesto la incapacidad negociadora de los que tienen a su cargo sacar el país adelante. O lo que es peor, no manifiestan interés alguno en negociar y explorar amplios consensos ya que disponen de una herramienta que, en la práctica, les permite eludir al Congreso.

En cuanto que el decreto ley no goza de ningún atributo de publicidad se convierte de alguna forma también en la antítesis de la transparencia. Uno se desayuna con el último en el BOE o se entera días después por los periódicos. Se trata por tanto de una fórmula que permite gobernar a las bravas, convirtiendo en sustitutiva de la ley una norma excepcional que solo puede ser alternativa.

El abuso del decreto ley es práctica habitual de los regímenes totalitarios. En tiempos de Franco se legislaba de esa manera. Ahora Sánchez se sirve del decreto ley para, por ejemplo, ordenan la exhumación del cadáver de Franco. ¿Qué circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad concurrían el pasado mes de marzo para ordenar llevarse los restos del dictador del Valle de los Caídos a golpe de decreto ley?

Que nos ha tocado vivir una época de baja calidad democrática lo pone de manifiesto que sea el Ejecutivo quien legisle, en permanente desprecio al Parlamento.

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