Todos sabemos que los servicios de espionaje españoles son una calamidad, mayormente por los personajes que encuentran cobijo en La Casa. Carecemos de sustancia democrática para presumir de un MI6 a lo británico, y andamos sobrados de los desperdicios que dejó el franquismo sobre la mesa. En los países de lógica constitucional la seguridad del país, a fin de cuentas la de sus ciudadanos, tiene, como es obvio, un soporte legal, pero ello no significa que se ventilen los tornillos de la estructura. Los portavoces de las fuerzas políticas son conscientes de lo que está en juego, por lo que pactan entre ellos moderación en materia de seguridad nacional. En España no. La llamada infodemia llenó de bulos las redes sociales sobre remedios, inventivas y visiones sobre la pandemia, hasta el punto de poner en peligro el equilibrio sociosanitario. Una organización delictiva activó un plan de invasión de fake news con el Brexit o con las elecciones en las que Donald Trump resultó ganador, y con el referéndum de Cataluña hubo otro tanto de lo mismo con una siembra de troles. Sánchez e Iglesias quieren crear una superestructura para controlar el fenómeno masivo de bulos, pero han cometido varios errores: no negociarlo con la oposición; no presentarlo a editores de prensa y medios audiovisuales para evitar suspicacias, y como consecuencia de todo ello, que ahora, ya a la defensiva, se vea obligado a dar detalles que le interesan al enemigo. El deterioro de la política nacional es tan intenso que ni las fuerzas representadas son capaces de negociar para salvaguardar a los ciudadanos de la desinformación. Aunque un periódico alemán de cuyo nombre no me acuerdo haya dicho que somos un “Estado fallido” (y el papanatismo patrio lo replicó una y otra vez), todos sabemos que la necesidad de ponerle coto a las fake news no tiene nada que ver con la llamada Ley Fraga de 1966 (la libertad de expresión existe hasta que el Gobierno decida que se abusa de ella). Otra cosa, repito, es que el Ejecutivo se haya equivocado en las formas y maneras, pero de ahí a sembrar la idea de que nos encontramos bajo el yugo de unos gobernantes que pueden cepillarse la Constitución va un trecho. Ya es hora de actualizar los servicios de inteligencia para actuar ante nuevas amenazas digitales que no siempre, pero en la mayoría de las ocasiones sí, van unidas al mismo terrorismo. La seguridad de los ciudadanos no puede convertirse en otro campo más de la batalla política.
