Tengo la incómoda sensación de que me llevan al matadero. Tomo mis precauciones, por supuesto. A partir de los 50 años uno debe tener cuidado en no confundir los apocalipsis personales con los colectivos. Pero todo el sistema de sensores de intuición que se desarrollan con los años, precisamente, me envían señales pésimas, cuando no angustiosas. El excepcional volumen de recursos dedicados a las políticas sociales en el proyecto presupuestario de PSOE y Podemos, por ejemplo. Esa monstruosa cantidad de dinero. La voluntad de incrementar las pensiones –al parecer casi todas y no solo las no contributivas, que es lo que habría que hacer – y el sueldo a los funcionarios. Una cosa es la austeridad criminal y otra el derroche mongólico. Quizás no tan estúpido, al fin y al cabo, porque dejará contentos a los funcionarios y a los jubilados, que representan a más del 65% de los votantes en este país.
¿De dónde sale todo este dinero? La respuesta consiste en mirar a Bruselas como respuesta. Pero ese fondo de subvenciones (los 72.000 millones de euros que cacarea don Pedro Sánchez, que según el Banco Central Europeo no pasarán de los 40.000 millones de transferencias) no van a llegar el 31 de diciembre. Ni siquiera tres meses más tarde. Será en el segundo semestre del próximo año. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, por supuesto, se seguirá viviendo a crédito. Como lo lleva haciendo este país hace mucho tiempo. Ahora más apurada y angustiosamente, por supuesto. Apurada y angustiosamente para pymes, autónomos y trabajadores que no tienen al Estado como patrón, a menudo cutre y tacaño, pero que no te deja tirado nunca. Vivimos gracias a que el BCE nos compra toda la mierda de deuda que emitimos. “Ha sido cubierta la oferta de letras del Tesoro y bonos del Estado”, escuchamos el clarín triunfal de un locutor en la radio. Claro, bonito: para eso está ahí el BCE en la estela de la advertencia de Mario Draghi: “Haremos todo lo que podamos y será suficiente”. Por el momento lo es. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no se angustian. Ese 130% el PIB español que deberemos a finales del próximo año no lo pagarán ellos, ni real ni metafóricamente. Lo pagaremos nosotros y pesará como una losa de granito sobre los hombros de nuestros hijos e hijas, condicionando potentemente cualquier cambio o transformación sustancial.
Una parte de la pasta de los fondos comunitarios debería destinarse, como una de las prioridades, a hacer posible su gestión eficaz y eficiente. Y eso no significa contratar más funcionarios sino desarrollar un conjunto de reformas legales, normativas procedimentales y organizativas en el ámbito de las administraciones públicas. Me temo que será así. Las administraciones públicas no serán reformadas para abrirse, aligerarse, flexibilizarse y alcanzar mayores estándares de calidad y transparencia: serán dopadas por un flujo ininterrumpido de pasta que provocará pequeños colapsos del sistema. ¿Cómo es posible que no exista ni rastro de reformas en las administraciones públicas con la que se nos viene encima en España y en Canarias, donde también quieren presentar un presupuesto de un enorme gasto administrativo como un presupuesto expansivo? Dos generaciones de políticos, en España y en Canarias, se han negado simplemente a tomar medidas jodidas y complejas para que su reelección, en el peor de los casos, no corra ningún peligro. Esa es la situación real y lo que nos espera en los próximos años. No una transformación del sistema productivo español, sino lo contrario: la negativa a no tocar absolutamente nada. Cueste lo que nos cueste.
