Repasando los periódicos, que dan fe de los hechos además de registrar las opiniones y las romerías y bailes de taifas, podemos comprobar de qué manera la pandemia ha desnudado al mundo educativo en Canarias. Ha habido muchas señales de advertencia de que lo malo iba a ir a peor, en estricto cumplimiento de las Leyes de Murphy y de Peter.
La primera señal de alarma fue la indignada protesta de los alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ante la irresponsable actitud de algunos profesores que se negaron a cumplir sus obligaciones de dar clases, incluso por la vía telemática excepcional, lo cual algunos juristas interpretan que es una clara malversación de caudales públicos: cobrar por un trabajo que no se hace.
Aquella exigencia del estudiantado cuando pasó a las redes sociales se convirtió en trending topic. El rector Robaina informó al Consejo Social, que pedía explicaciones, que esa actitud era intolerable pero minoritaria y que iba a tomar medidas. El metro, por lo que me ha dicho un estudiante, se ha debido de perder.
Ante el posterior intento corporativo de un numeroso grupo de docentes de no dar clases sino voluntariamente hubo un sector del profesorado y de investigadores que dijeron: "no es esto, ni esto".
Uno de ellos, un catedrático de reconocido prestigio, de los que desde la UPC (Universidad Politécnica de Canarias) lucharon denodadamente por romper el monopolio fáctico de la ULL (Universidad de La Laguna) me escribió una enfadada epístola vía WhatsApp. En su indignado alegato sostiene que los profesores, como funcionarios y servidores públicos que son, tienen la obligación de acudir a su puesto de trabajo si hay alumnos que lo requieren, y que en ninguna parte se dice que estén blindados laboralmente para no correr ningún riesgo de contagio, como no lo están tampoco los médicos, el personal de enfermería, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los militares, los bomberos? Incluso los periodistas cuya obligación de informar no decae sino que se acrecienta con las catástrofes, sean naturales o artificiales.
Otra señal de alarma del nihilismo catastrófico que se ha enrollado como una serpiente en un árbol en el sector educativo es el comportamiento de los sindicatos, desde la jornada continua, que parecen aquejados de ese mal tan contagioso que es la admirativa contemplación del propio ombligo. Los problemas que llevaron a la ex consejera de Educación, María José Guerra, a ser incapaz de desenrollar la intrincada madeja de intereses gremiales, fue en buena parte su condición de catedrática y miembro de una comunidad caracterizada, salvo muy honrosas y meritorias excepciones, por la endogamia y el continuo tráfico creativo de intereses creados y favores y bombos mutuos.
Esta es una verdad de la que no se quiere hablar. Hay un hecho - un hecho, no una intención ni una poesía- incontrovertible y es que algo se está haciendo mal en esta parte de la Macaronesia: si las cosas se hicieran bien Canarias, no estaría a la cola de España en Educación, y en otras muchas cosas.
Las dos universidades públicas, según un documentado estudio de hace unos tres años de la Dirección General de Universidades, están entre las peores en eficiencia; y en franco retroceso ante la competencia de las privadas. Puede decirse que es verdad que no todos los profesores están en el rango de los que tiran para abajo, pero hay algo que se considera generalmente como cierto: los buenos son menos que los malos y que los indiferentes, una circunstancia que afecta en mayor o menor medida a todas las universidades públicas del país. Una Ley orgánica que cambie la caduca gobernanza asamblearia es hoy un clamor.
Y cuando parecía que en el Archipiélago no había arreglo, y que aunque cambiara la consejera no iba a cambiar la inercia, resulta que sí. Que hay un soplo de esperanza. Que con el cambio al menos también ha comenzado a cambiar el discurso. Por algo se empieza, aunque el fondo esté muy hondo ahora mismo.
El nuevo consejero, José Antonio Valbuena, tiene a su favor para ser consejero de Educación y Universidades que su sueldo no es el de profesor, no depende de los rectores ni de los claustros, que su profesión de arquitecto, que está ahí, le da independencia, y desde hace bastante tiempo se dedica a la política y vive de ella.
Su primera declaración de intenciones pone los puntos sobre las íes y no sobre las 'p' de privilegios, si eso fuera gramaticalmente posible. Aquel profesor del que les hablo línea atrás, se refería precisamente a que se estaba perdiendo la buena reputación de los docentes porque cada vez parecen más "unos privilegiados" entre los ya privilegiados funcionarios que no dependen ni de un ERE ni de un ERTE, al menos de momento.
Valbuena ha sido claro, y al que le toque las narices o los sindicatos, que se rasque: página 9 de LA PROVINCIA del pasado jueves 28: "Valbuena apela a la vocación como servidores públicos de los docentes para volver a las aulas"; "El consejero afirma que sólo los alumnos pueden regresar a las aulas de forma voluntaria".
Pero lo más importante es que el presidente Torres resista los cantos de los sirenos y las sirenas y copie el método de Ulises: amarrarse al palo de la responsabilidad y el futuro.
El gobierno tiene que tener claro que hay que dar un paso al frente? pero no en dirección al precipicio.
