Pablo Iglesias continúa empujando al PSOE para ampliar, tan pronto como sea posible, la prohibición de desahuciar y cortar los suministros a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad hasta el fin del estado de alarma. En los últimos días, socialistas y morados parecían haber acercado posiciones tras varias semanas de roces.
La ministra portavoz, María Jesús Montero, abrió la puerta, el pasado martes, a abordar este asunto a finales de enero, cuando vence la actual restricción a los lanzamientos, pero el vicepresidente segundo marcó ayer un plazo de dos semanas para poner en marcha una nueva medida.
“A veces las discrepancias y las diferencias se traducen en medidas beneficiosas para la gente”, sentenció el líder de Unidas Podemos en el transcurso de su comparecencia en la Comisión Mixta del Congreso para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
No obstante, el dirigente de UP explicó que los socialistas sí están de acuerdo en que la prórroga de la prohibición sea hasta el 9 de mayo, cuando finaliza el estado de alarma, y que se reactive cada vez que esta medida extraordinaria se decrete en función de la incidencia de la crisis sanitaria.
Las prisas de Iglesias, según explicó el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, tienen que ver con las pretensiones de la formación morada de garantizar que durante las navidades no se producirán lanzamientos de personas en situación de vulnerabilidad previa a la pandemia de coronavirus, unas circunstancias que no se contemplan en la actual normativa. “Estamos empezando a hablar, pero todavía no hay nada escrito”, subrayó. Además, explicó que la enmienda a los Presupuestos que registraron junto con ERC y EH Bildu y provocó el malestar en el sector socialista del Ejecutivo, iba con ”el talante de recibir aportaciones y ponerse de acuerdo” con sus socios de Gobierno.
La medida, que se desconoce mediante qué herramienta se articulará, se está trabajando entre los equipos de la Vicepresidencia segunda y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, según comentó Iglesias. El titular de esta cartera, José Luis Ábalos, informó ayer de que su intención es “implicar más a los ayuntamientos y las autonomías” para que sean los equipos municipales los que se encarguen de acreditar la vulnerabilidad de los desahucios mediante los servicios sociales y que esto no quede “en manos del juez”.
