Con una sonrisa de oreja a oreja escondida tras la mascarilla y una PCR bajo del brazo. Así llegaron ayer los turistas a las Islas en el primer día de aplicación de la resolución del Gobierno central por la que los viajeros internacionales que entren en España tendrán que llevar una prueba negativa realizada en las últimas 72 horas antes del viaje. El precio del test –unos 120 euros– llega a superar el coste de un pasaje a las Islas desde distintos puntos de Europa, que suele rondar los 100 euros. Esto no impidió ayer el cumplimiento de esta nueva norma que, para la mayoría de viajeros, supone un alivio. “Vale la pena pagar por la tranquilidad que produce llegar a un sitio seguro”, afirmó Zapata Ushi, una turista alemana, nada más aterrizar ayer en Gran Canaria.
El alto coste de la prueba pesa más a los turistas cuando al llegar al aeropuerto de destino las autoridades no la reclaman. “Voy cargado de papeles durante todo el viaje y llego aquí y no me exigen la prueba negativa que me ha costado 128 euros”, lamentó ayer otro de los viajeros, Diettha Orroabag, al pasar los controles sanitarios.
Esta escena la vivieron ayer la mayoría de viajeros extranjeros que se desplazaron hasta las Islas. La PCR es obligatoria para todos, pero será el personal de Sanidad Exterior el encargado de elegir de forma aleatoria el certificado o acreditación a los extranjeros tras pasar por el control de temperatura y entregar el formulario que incluye una declaración jurada de que se han hecho una prueba PCR antes de llegar.
A pesar de que la comprobación no le toca a todos y entra la suerte en la ecuación, nadie se la quiso jugar ayer. La jornada transcurrió con tranquilidad y casi no hizo falta recurrir a la zona perimetral habilitada por AENA en cada aeropuerto para realizar controles de antígenos a los viajeros que no demuestren que tienen una prueba realizada 72 horas antes del viaje.
Muchos foráneos de Alemania y Bélgica aseguran que sus gobiernos financian los test
El miedo a las sanciones también influyó en el respeto a la norma. Aquellos que carezcan de PCR negativa corren el riesgo de ser sancionado con hasta 3.000 euros en el caso de faltas leves y hasta 6.000 si es un falta grave. En el caso de dar positivo hay una sala de aislamiento y después será Sanidad quien se hará cargo del turista para su traslado y seguimiento.
Ayer en el aeropuerto de Gran Canaria había dos tipos de viajeros: a los que les pesaba el pago del test privado, y aquellos que reconocieron que sus países habían financiado las pruebas. Para el último grupo, todo fueron ventajas. “La medida no va a frenar el turismo, el precio no es un problema, en Bélgica solo tuve que pagar la consulta del doctor”, explicó Tierri Diden, un joven belga que hace tan solo dos semanas visitó las Islas y tras comprobar que los contagios aumentaban en su país decidió volver. “Actualmente Gran Canaria es uno de los lugares más seguros que hay”.
“Sentirse a salvo”
Jonnhy Ubrecks, otro turista belga, coincidió con Diden a la hora de alabar los buenos datos de contagios en las Islas y aseguró que viene a Gran Canaria a “sentirse a salvo y a disfrutar del buen tiempo en la playa”. A Ubrecks la prueba de la Covid le costó 130 euros al ser “rápida”, pero aseguró que puede recuperar parte del dinero gracias al Gobierno belga.
Para muchos turistas alemanes la prueba también fue gratuita. Scoot Andarsa, residente canario que trabaja en Baviera, subrayó que la obligación de las PCR es muy positiva para “recuperar el turismo del Archipiélago” ya que “da buena imagen y permite la tranquilidad de los viajeros”. Y lo mismo declaró tras bajarse del avión Sharon Gemelimister, otra turista alemana que valora positivamente el control sanitario español. “No hay nada mejor que saber que no estás contagiada”, aclaró. La joven es una enamorada de Gran Canaria, pero desde enero no había vuelto a la Isla esperando que se reforzaran los sistema de protección en los aeropuertos. “Es el primer día que exigen los PCR, por eso viajo”, reconoció.
Los empresarios del sector reclaman a Sanidad que acepte las pruebas de antígenos
La medida puesta en marcha por el Gobierno central, aunque entusiasma a los recién llegados, no termina de convencer al Ejecutivo regional y a los empresarios del sector, que exigen que el Ministerio de Sanidad acepte la validez del test de antígenos para los turistas que lleguen a las Islas. “Si el Gobierno da por buena la prueba de antígenos podremos salvar el 30% de la actividad turística del invierno”, expresó ayer David Morales, presidente del hotel Lopesan Costa Meloneras y vicepresidente del SKAL de Turismo de Gran Canaria. Para el empresario también es importante ampliar la resolución a los viajeros peninsulares ya que el virus “no entiende de nacionalidades”.
Los representantes del sector consideran contradictorio que no se permita de entrada un test de antígenos y después sanidad exterior haga uno a los viajeros que no traigan una prueba hecha. Tanto la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, como el presidente canario, Ángel Víctor Torres, han sido claros estos últimos días sobre la necesidad de evitar más inconvenientes al sector más castigado por la actual crisis sanitaria. Además, la resolución del Gobierno central convive con un decreto regional –en vigor desde el 14 de noviembre– que admite tanto la PCR como el test de antígenos para poder acceder a los alojamientos turísticos.
