La Comisión Europea considera que el plan presupuestario del 2021 relativo al conjunto de las administraciones presentado por el Gobierno de España “se ajusta globalmente” a las recomendaciones europeas y que la mayoría de las medidas incluidas en el borrador sirven para apoyar la actividad económica en el contexto actual de máxima incertidumbre debido a la pandemia de coronavirus. Bruselas alerta, no obstante, de que, dado el elevado nivel de deuda pública y los desafíos a la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo, España debe asegurarse de que “las medidas presupuestarias preservarán la sostenibilidad” de las finanzas públicas “a medio plazo”.
La deuda pública española se disparará este año al 120,3%, al 122% en 2021 y al 123,9% en 2022; lo mismo que el déficit que a finales de 2022 seguirá todavía en el 8,6% del PIB.
Es el mensaje que trasladó ayer el Ejecutivo comunitario al Gobierno de Pedro Sánchez en una evaluación económica y fiscal “cualitativa” del semestre europeo un poco especial. Más allá de un primer análisis sobre el paquete de medidas remitido el pasado 15 de octubre, Bruselas ha tenido en cuenta el elevado nivel de incertidumbre y la desaceleración económica provocada por el coronavirus pero también la suspensión de las reglas de déficit y deuda pública del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, como consecuencia de la pandemia y que seguirá suspendido al menos hasta finales de 2021.
La conclusión es que los gobiernos, incluido el de España, deben seguir aplicando las mismas recetas: mantener las políticas de estímulo a la economía, apoyar la recuperación a corto plazo y preparar los planes de reforma e inversiones para cuando se ponga en marcha el Fondo de recuperación de 750.000 millones, bloqueado por Hungría y Polonia, y que una vez en funcionamiento permitirá a España acceder a un adelanto de 6.400 millones en 2021.
Bruselas invita a España a “revisar periódicamente” la eficacia de las medidas y a “adaptarlas” si las circunstancias cambian.
