Los problemas que está poniendo el Ministerio de Hacienda para ampliar el plazo de materialización de la Reserva de Inversiones (RIC) ponen en riesgo un volumen de inversión privada que ronda entre los 600 y 800 millones de euros. Ni el Gobierno regional ni las organizaciones empresariales tiene aún la certeza de que el Estado vaya a autorizar estas modificaciones de los incentivos fiscales, motivadas por el impacto de la pandemia y el parón económico que supuso el estado de alarma. De hecho, los técnicos de Hacienda son remisos a ceder en algunas de las peticiones, por lo que la decisión es puramente política y por eso las presiones desde los partidos canarios y el Ejecutivo regional se incrementan con el fin de que el equipo de la ministra María Jesús Montero dé las directrices necesarias.
Este año finaliza el plazo de materialización de las dotaciones de la RIC correspondientes al año 2016. Según los datos oficiales de la Agencia Tributaria, en ese ejercicio se dotaron 1.132 millones de euros en la RIC, un 27,3% más que el año anterior, un volumen de fondos que ya se asemejaba más al de la etapa dorada de la Reserva antes de la crisis económica que se inició en 2008. Los empresarios y asesores fiscales estiman que se habrá invertido entre un 30 y un 40% de estas dotaciones entre 2017 y 2019, pero 2020 ha sido un año perdido debido al brusco frenazo que ha sufrido la actividad económica desde marzo.
Según estipula el funcionamiento de la Reserva, lo que las empresas y profesionales no hayan invertido de las dotaciones en los cuatro años posteriores tendrán que ser declaradas al fisco para pagar el Impuesto de Sociedades, tributo que se ahorran las empresas que se acogen a la RIC a cambio de invertirlo en las Islas para ampliar sus estructuras, diversificar la economía y crear puestos de trabajo.
Gobierno, asesores fiscales y empresarios aumentan la presión en Madrid
La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) ya hizo un informe en abril sobre las modificaciones planteadas de los incentivos fiscales del REF tanto de la Reserva para Inversiones como de la Zona Especial Canaria (ZEC). Con posterioridad la Consejería de Hacienda y su titular, Román Rodríguez, remitieron escritos tanto a la ministra del ramo como a la Dirección General de Tributos en los meses de junio y agosto justificando la petición de ampliar los plazos. Estas demandas tienen el visto bueno de Bruselas, que ha prorrogado por un año las ayudas de Estado que finalizaban en 2020, por lo que la pelota recae en el Estado, que tiene que adecuar estos nuevos plazos a través de un decreto ley. La demora de Hacienda cuando falta menos de dos meses para finalizar el año preocupa e inquieta a las empresas e inversores y vuelve a poner en cuestión la visión que tiene el Gobierno central sobre las singularidades fiscales de Canarias.
Según ha podido saber este periódico, el principal reparo que pone Hacienda es a la petición que realizan tanto las patronales y asesores fiscales como el Ejecutivo de no computar el empleo durante el período impositivo de vigencia del estado de alarma a cambio de que se incremente en un año el plazo de mantenimiento del incremento de la plantilla media total.
El secretario general de la CCE, José Cristóbal García, advierte que hay empresas que no se inscriben en la ZEC porque no se sabe si el plazo se acaba o no en diciembre y tampoco materializan la Reserva ante la incertidumbre generada. Para García, el problema es que muchas empresas se pueden ver el próximo año ante la tesitura de tener que pagar el Impuesto de Sociedad –el 25% de lo que no materialicen– en un año complicado para las cuentas de resultados y con la necesidad que tendrá Canarias de inversiones públicas y privadas para reactivar la economía. “Bruselas flexibiliza las ayudas de Estado y las reglas fiscales y Madrid sigue con dudas, lo que demuestra que a determinados funcionarios de Hacienda no les gusta los beneficios fiscales de Canarias”, critica.
Para el dirigente empresarial se puede dar la paradoja de que Canarias sea la comunidad donde más recaude el Estado por el Impuesto de Sociedades y, por contra, sea la que lidere la caída del PIB, el paro y la pobreza. En su opinión “esta situación atípica requiere apoyo a las empresas, que se multiplique la inversión y que se den las condiciones adecuadas pero parece que Madrid no lo ve así”. La patronal espera que las modificaciones del REF no tengan que esperar por la entrada en vigor de la ley de presupuestos del Estado, ya que no estará aprobada hasta ya entrado el año 2021.
PROYECTOS Y SEGURIDAD JURÍDICA
“El Régimen Económico Fiscal de Canarias debe contribuir a superar la desafortunada situación sanitaria global y de parálisis de nuestro principal motor económico. Por ello, ahora más que nunca se precisa que la normativa vigente sea lo suficientemente clara para que los incentivos puedan ser utilizados y disfrutados por el tejido económico de las Islas y contribuya a paliar la grave situación a la que el empleo en el Archipiélago se puede ver sometido”. Las dos organizaciones empresariales de las Islas (CCE y CEOE-Tenerife) y la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) elaboraron durante el estado de alarma un amplio documento en el que no solo proponen determinados cambios coyunturales para hacer frente a las consecuencias de la pandemia sobre la actividad económica de las Islas, sino para introducir algunas modificaciones para dotar de mayor seguridad jurídica a los incentivos fiscales. José Miguel González, consultor económico de Corporación 5, advierte que en un periodo de desaceleración como el que se está produciendo por la crisis sanitaria hay que reforzar la seguridad jurídica y dotarse de proyectos de inversión que revitalicen la actividad, algo que no ha podido fructificar por el parón de la economía. En su opinión, “ante un año perdido el Ministerio de Hacienda tiene dos opciones: recaudar más por el Impuesto de Sociedades o contribuir al desarrollo económico y social de las Islas”. | R.A.D.
