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Miguel Concepción debe devolver casi cuatro millones por fraude en los viajes

El dueño de la aerolínea y presidente del Tenerife, condenado a a 23 meses de cárcel, y sus dos hijas, a ocho por estafa no entrarán en prisión | Recurre al Tribunal Supremo

| andrés gutiérrez

| andrés gutiérrez

El empresario Miguel Concepción Cáceres, propietario de la compañía aérea Islas Airways y presidente del Club Deportivo Tenerife, fue condenado ayer a 23 meses de prisión como autor de un delito de estafa agravada, con el atenuante de dilaciones indebidas; así como a una multa de 7.200 euros (con un cuota diaria de 30 euros durante ocho meses). La sentencia está relacionada con el incremento artificial de las cantidades que debía percibir de la bonificación en los servicios regulares de transporte aéreo para los residentes canarios por parte del Ministerio de Fomento entre los años 2008 y 2011.

Las hijas de Concepción, Verónica y Eloísa, fueron condenadas a ocho meses de cárcel como cómplices del mismo delito y una multa de 2.700 euros. Ninguno entrará en prisión, en la medida en que no tenían antecedentes penales. Además, durante el tiempo de sus respectivas condenas, los tres estarán inhabilitados para el derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas, así como de incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

Los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife consideran que Miguel Concepción y sus hijas deberán indemnizar al Ministerio de Fomento con 3.987.769 euros. De esa cantidad global, el empresario que se confesó autor de la estafa a la Administración General del Estado deberá abonar la mitad, mientras que Verónica y Eloísa el 25 por ciento cada una. Y, además, deberán abonar las costas, salvo las de la acusación particular.

Casación

El empresario anunció en la jornada de ayer que presentará un recurso de casación ante la Sala segunda del Tribunal Supremo. El motivo es que el presidente del Club Deportivo Tenerife considera que en la resolución de los magistrados no se ha tenido en cuenta el acuerdo al que sus abogados llegaron con la fiscal del caso, Jezabel Criado, el día del juicio, el pasado 21 de septiembre. Esa conformidad fue “parcial”, en la medida en que ni la acusación popular, representada por la Abogacía del Estado y el Ministerio de Fomento, ni la acusación particular, ejercida por la compañía Binter, estuvieron conformes con todas las condiciones.

El acuerdo consistió en que Miguel Concepción reconocía los hechos, se declaraba culpable y único responsable de la estafa, mientras que aseguraba que sus dos hijas solo se limitaron a transmitir sus órdenes al resto del personal de Islas Airways. A cambio, la fiscal redujo su petición inicial de cuatro años de cárcel para los tres acusados a solo 12 meses para el empresario y seis meses para Verónica y Eloísa. Además, se cifró en 3.418.922 euros la cantidad que debían devolver a Fomento por las cantidades cobradas de forma indebida. Desde Binter prefirieron analizar bien la resolución judicial antes de pronunciarse sobre la misma.

Responsabilidad civil

En la sentencia conocida ayer, los magistrados elevan de forma considerable la pena de privación de libertad pedida por la fiscal y los tres abogados defensores (de un año a casi dos para el presidente del CD Tenerife y de seis a ocho meses para sus hijas). Pero, sobre todo, llama la atención la responsabilidad civil a la que tendrán que hacer frente, pues pasa se eleva en más de medio millón de euros de lo reclamado por el Ministerio Público y las defensas. Si la fiscal y los letrados de la familia Concepción estaban conformes en abonar 3.418.922 euros, en la sentencia se les obliga a indemnizar al Estado con 3.987.769 (568.846 euros más). Los magistrados tuvieron en cuenta los argumentos esgrimidos por la acusación particular en ese sentido. El abogado de Binter planteó que la responsabilidad civil debía ascender a 8.399.180,32 euros, “pero que los acusados deberían indemnizar al Ministerio de Fomento en la cantidad de 3.987.769 euros”, que resulta de restar la cantidad total defraudada de la medida cautelar de retención aplicada en vía administrativa (4.411.411) para la ejecución y pago en la resolución de reintegro de 11 de abril del 2013. Por la estafa agravada, la acusación particular también solicitaba 23 meses de cárcel a Concepción.

La estafa del dueño de Islas Airways, con la complicidad de sus hijas, se produjo durante cuatro años. De cada billete facturado a un residente en el Archipiélago, el Estado pagaba el 50%. El fraude se produjo en un periodo en el que el país estaba inmerso en una crisis económica muy seria, que padecieron muchas familias canarias y españolas. El engaño comenzó en el 2008. En ese periodo, la mencionada empresa remitió una facturación irregular de pasajes por 64.445 euros. Con el paso del tiempo, la cantidad percibida de Fomento por el citado concepto se incrementó de forma considerable.

Así, en el 2009, el Ministerio Público considera que la estafa se elevó a 98.575 euros. Pero será al año siguiente, en el 2010, cuando se produzca un crecimiento significativo, ya que la cantidad percibida de la administración llegó a 428.019 euros. En la medida en que nadie había verificado que se estaba produciendo una irregularidad, la mayor pérdida para el Ministerio de Fomento se produjo en el ejercicio 2011, cuando la cantidad defraudada ascendió a 2.827.882 euros, a juicio de la Fiscalía. Es decir, un total de 3.418.923 uros.

Diligencias penales

La investigación de los hechos por parte del Ministerio Público comenzó en el 2011, según explicó la fiscal Jezabel Criado. El asunto llegó al Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife, que abrió diligencias penales el 12 de septiembre del 2012. Las actuaciones fueron declaradas conclusas y remitidas a la Audiencia Provincial el 30 de noviembre del 2018, más de seis años después. El hecho de que las irregularidades tardaran ocho años en ser juzgadas también ha beneficiado a los acusados, con la atenuante por retraso del proceso judicial.

Frases de la sentencia por estafa


La base legal. “El Real Decreto 1316/2001 de 30 de noviembre (después modificado por el Real Decreto 13.410/2007) reguló el procedimiento para que los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla pudieran disfrutar de una bonificación de las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo. En dicha medida se estableció que el viajero no cobraba de forma directa la ayuda, sino que la percibía mediante la rebaja de la tarifa que pagaba en un 50 por ciento. Y la otra mitad era percibida por la compañía aérea o marítima del Ministerio de Fomento”.


Apuntes de contabilidad. “Para poder cobrar los billetes bonificados, cada compañía aérea debía emitir una certificación que indique que la liquidación que presenta es exacta y verídica, según los apuntes realizados en su contabilidad y que lo puede demostrar por los documentos que obran en sus archivos. Además, debía codificar la información de todos los billetes bonificados. . Entre noviembre del 2007 y abril del 2011, el importe liquidado en concepto de bonificaciones asociadas por Islas Airways a vuelos interinsulares en Canarias ascendió a 47.260.839 euros”.


Cobro indebido. “Miguel Concepción Cáceres, en su calidad de presidente de Islas Airways, con la intención de recibir del Ministerio de Fomento cantidades superiores a las que habría correspondido (...) y por tanto obtener un beneficio patrimonial indebido, ideó y adoptó las decisiones que a continuación se detallan, en cuyo plan colaboraron siguiendo sus indicaciones, Eloísa y Verónica Concepción Rodríguez (...), en su calidad de miembros del Consejo de Administración, dando las directrices para su materialización”.


Documentación falsa. “Los acusados, entre los años 2008 y 2011, remitieron, a sabiendas, ficheros de vuelos y certificaciones que aparentaban ser correctas y contar con respaldo documental, lo que les permitió superar controles rutinarios, cuando, en realidad, carecían de sustento o no respondían a la realidad, logrando bonificaciones superiores a las realmente debidas según el Real Decreto y la Ley de Subvenciones, por 8.399.180 euros”.


Comprobación. En agosto del 2011 se inició la comprobación, que dio lugar a un procedimiento de reintegro de las cantidades cobradas de forma indebida, que culminó en marzo del 2018 con una resolución del Supremo contra Islas Airways, que entonces aportó 4.411.411 euros.

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