La posibilidad de que a una persona la despojen con falsificaciones de la vivienda o los terrenos de los que han disfrutado sus mayores durante más de un siglo puede generar un perjuicio físico y psicológico muy difícil de cuantificar y de reparar por la Justicia. Es lo que le ocurrió a la familia Rodríguez Siverio, vecinos del núcleo lagunero de Jardina. Han tenido que pasar 20 años para que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife les confirme que las vistosas tierras que compraron sus bisabuelos, con trabajo y esfuerzo, a finales del siglo XIX, de verdad son suyas. Pero ese reconocimiento llega dos décadas después de que comenzara un calvario que los afectados nunca buscaron.
En ese tiempo han fallecido dos de los seis acusados, mientras que un tercero no pudo ser llevado a juicio por padecer demencia senil. Y, por parte de la familia, un hermano de la querellante y su marido también murieron sin ver resuelto el pleito. Este asunto forma parte de las estafas y falsificaciones documentales cometidas por una trama que se apropiaba de terrenos que figuraban a nombre de emigrantes a Cuba y que no habían cambiado de titularidad durante varias décadas.
Uno de los perjudicados es Juan José Rodríguez Siverio. Su familia es propietaria de un extenso terreno entre Jardina y el barranco de Tahodio, en Santa Cruz de Tenerife. Parte de ese suelo se usó durante mucho tiempo como coto de caza y, en 1999, cuando iba a renovar la matrícula para el espacio cinegético, Rodríguez Siverio se enteró de que ya no era de sus tíos abuelos, sino de la empresa Inversiones Copitel.
Fuera de la ley
Un registrador de la propiedad de la capital tinerfeña detectó que en dicha operación inmobiliaria se utilizó una ley que no estaba vigente el año en que supuestamente se firmó la escritura. El registrador hizo una anotación: “Estas dos escrituras son aparentemente falsas”. La familia Rodríguez Siverio llevó el asunto por la Jurisdicción Civil y logró, en relativamente poco tiempo, que se anularan las inscripciones registrales y mantener la propiedad de las tierras.
Estos mismos vecinos poseen en Jardina una superficie de 80.000 metros cuadrados, pegados a los de la cuenca de Tahodio, pero ya en La Laguna. De ese gran terreno, 30.000 metros cuadrados están calificados como suelo urbano. Un día, tres hombres entraron en esta última propiedad por un lugar inusual. Dos de ellos eran Juan Carlos P.M. y Juan Carlos G.B. Al ver aquel comportamiento, la madre de Juan José, Amparo Siverio, les preguntó: “¿Qué hacen ustedes aquí?”. Y la respuesta fue muy clara por parte de uno de los citados: “Venimos a vender el terreno que compramos”. Desde aquel momento, la mujer les prohibió volver a entrar en la finca y les indicó dónde estaba su casa si querían saber algo.
Varias jornadas después, el tercer hombre se identificó como el potencial comprador y les aclaró que había adquirido a los mismos individuos una finca próxima a la cafetería El Búnker (La Laguna), pero había aparecido el legítimo propietario con su escritura y no pudo hacer nada. Y, como alternativa, los vendedores, P.M. y G.B., le ofrecieron el suelo de Jardina.
Así empezó la angustia de Amparo Siverio, de su marido, de sus hermanos... La vivienda de un hijo de dicha mujer y de una prima están situadas en el terreno que los estafadores habían hecho suyo. Durante semanas, la madre de Juan José apenas pudo comer ni dormir. Para aceptar lo que había ocurrido, los afectados exigieron que se les mostraran papeles sobre la compra del suelo. Durante meses hubo incontables visitas en las que los citados individuos les daban, con cuentagotas, una copia simple, una escritura o cualquier otro documento que aparentara legalidad.
Los afectados de Jardina habían perdido el contacto con sus familiares de Cuba. Los estafadores usaron los nombres de los tíos de Amparo, José y Francisco Siverio Perera, que emigraron a la isla caribeña en los años 20 del pasado siglo. Según los documentos falsos, estos emigrantes vendieron los terrenos a una supuesta compradora, Manuela Aurelia G. P., el “15 de agosto de 1975”. Y un hombre, identificado como A.H., solicitó la inscripción fraudulenta de la adquisición en un Registro de la Propiedad de La Laguna; algo que logró el 17 de mayo de 2000.
El documento y el timbre de la inexistente compraventa en Cuba tenía apariencia de legalidad a primera vista. El mismo individuo solicitó el registro de otra nueva compraventa de la misma finca, por la cual Manuela Aurelia se la vendió a la sociedad Mayca de Viajes, a través de su administradora única, Marlene de la C. V. V. En esa operación hicieron figurar a una notaria cubana, que existe, pero que nunca certificó la transacción.
Otro encausado, M. H., celebró otro aparente contrato de compraventa por el que Mayca de Viajes vendió el mismo suelo a la mercantil Inversiones Marma 2005 SL. Un ejemplo de la conexión entre las diversas sociedades implicadas fue que, para efectuar dicha operación, Inversiones Copitel prestó dinero a Marma 2005. Juan Carlos P. M. figuraba como socio en las tres empresas citadas. Y M. H. volvió a solicitar su inscripción en un Registro de la Propiedad de La Laguna el 9 de junio de 2000.
A la familia Rodríguez Siverio le mostraron parte de esa documentación. Los estafadores llegaron a ofrecer a los afectados venderles la propiedad que era suya desde hacía más de un siglo por 80 millones de pesetas. Juan José y su familia llegaron a solicitar información para reclamar un préstamo y adquirir las tierras, pero la cantidad era muy elevada. Entonces, los estafadores les rebajaron el precio a 40 millones. En esos días volvieron a hacer gestiones con una entidad financiera.
Todo cambió cuando Amparo Siverio leyó con atención la escritura por la que sus tíos, Francisco y José, vendieron a Manuela Aurelia G. P. La vecina de Jardina se percató de que la venta tenía fecha de 18 de agosto de 1975, pero José había fallecido tres años antes; alguien había falsificado su firma. Desde ese momento, Juan José Rodríguez Siverio decidió volcarse para buscar una solución.
Trabajaba en una empresa familiar y pudo aparcar su actividad laboral. Se centró de forma exclusiva en investigar la trama que quería quedarse con el terreno de sus seres queridos y de otros muchos ciudadanos en diferentes enclaves de Tenerife.
A lo largo de dos años, dedicó incontables horas a seguir la pista a las sociedades implicadas y a quienes figuraban de socios en cada una de ellas. Todavía se sabe de memoria quiénes componían las diversas mercantiles y su forma de operar. Eran los años de la burbuja inmobiliaria y las grandes sumas que generaba.
Juan José, que entonces tenía 27 años, acudió a varios letrados que le dijeron que el asunto era “muy complicado”. Recurrió al abogado lagunero Juan Francisco Miranda Díaz, que acababa de iniciar su actividad profesional. Hoy explica que la demanda inicial se presentó el 28 de diciembre de 2000 y, desde un primer momento, solicitó prisión provisional para los implicados y otras medidas cautelares. La autoridad judicial solo les tomó declaración.
El joven vecino de Jardina también se puso en contacto con sus familiares en Cuba, a quienes debió enviar diferente documentación y dinero para poder afrontar los trámites. En conjunto, los fallecidos y los ahora condenados se apropiaron de un total de cuatro fincas, que, según un perito, tienen un valor de dos millones de euros. Juan José localizó a otros afectados a los que informó de la estafa. Algunos le creyeron; otros lo tomaron por “loco”.
Otros ocho perjudicados se sumaron a la causa e iniciaron acciones legales en La Orotava. Sus propiedades tenían un valor de casi 240.000 euros. Sin embargo, esta vez, los acusados sí lograron vender la finca a dos compradores y la autoridad judicial consideró que estos últimos actuaron “de buena fe”, por lo que el terreno no se pudo devolver.
En 2005 caducó la anotación preventiva de la querella interpuesta por Juan Francisco Miranda, que impedía a los implicados realizar cualquier tipo de operación inmobiliaria con el terreno de 80.000 metros cuadrados de Jardina. Los investigados se enteraron y aprovecharon para poner la finca en manos de otra sociedad que ellos mismo controlaban; Mayca de Viajes vendió a Inversiones Marma 2005. La querella, dirigida contra los socios de Inversiones Copitel y Mayca de Viajes, se amplió a los representantes de Marma 2005 SL y Juamar 99 SL.
La familia consiguió averiguar, gracias a las gestiones realizadas en Cuba, que un notario que figuraba en una compra “no existe” y otra sí existía como persona física, pero nunca había ratificado lo que aparecía en las escrituras de los estafadores. Y se confirmó que José Siverio Perera había fallecido en 1972, por lo que de ninguna manera pudo firmar un documento de venta del terreno tres años más tarde. El engaño empezaba a desmontarse.
A punto del archivo
El abogado Juan Francisco Miranda recuerda que el asunto de la familia Rodríguez Siverio estuvo a punto de ser archivado varias veces y en 2015 se dictó un auto de sobreseimiento porque no se localizaba a los investigados. Miranda presentó entonces un recurso, que fue estimado en la Audiencia Provincial, que ordenó al Juzgado de Instrucción reabrir el caso e instar a la Policía Nacional a efectuar las diligencias. El periodista Félix Díaz fue el primero que divulgó el caso de la apropiación de tierras en La Opinión. Recuerda que el asunto le llegó de manos del abogado Gustavo Matos, “que me dijo si era capaz de dedicarle tiempo a esto”. “El objetivo es que no siguiera pasando”, aclara Díaz. Publicó reportajes sobre el caso entre diciembre de 2000 y julio de 2001. Según Félix Díaz, “los medios deben servir para esto”.
