Arrecian las críticas en Canarias a la estrategia del Estado de crear 7.000 plazas para los migrantes en las Islas y evitar las derivaciones a la Península. ¿Cómo valora la política migratoria del Gobierno de coalición?
Existe un mandato europeo de solidaridad obligatoria y de responsabilidad compartida que ahora no es posible cumplirlo de manera inmediata como consecuencia del desplome de las conexiones aéreas y de las restricciones a la libre circulación de personas en el espacio Schengen a causa de la pandemia. Esto hace imprescindible una respuesta de solidaridad española con esta porción de España y de la Unión Europea que es Canarias. Comprendo que ante un repunte muy abrupto de la ruta migratoria hacia las Islas el Gobierno de España se haya visto sobrepasado por la afluencia masiva de pateras en un corto espacio de tiempo y comprendo que se puedan adoptar medidas transitorias y provisionales.
Pero el Ejecutivo central prevé que esas plazas tengan un carácter estable.
Acumular a las personas que llegan a Canarias, que es una frontera de la Unión Europea, sin ninguna derivación ni perspectiva de alojamiento no es una solución aceptable ni sostenible. Me sumo a las voces que desde el Archipiélago, con su presidente Ángel Víctor Torres a la cabeza, reivindican y exigen un tratamiento digno a quienes llegan a las Islas, así como que respeten su dignidad personal. Es necesario derivarlos para su redistribución en Servicios Sociales y en plazas alojativas disponibles en el resto de España y hacerlo con financiación europea, que para eso está. Es necesario que eso se haga cuanto antes.
Sin embargo, no parece que ésta sea la intención del Estado. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se niega a estas derivaciones a la Península amparándose en un mandato de la UE que la propia UE desmiente que exista.
Para poder entender lo que está pasando en la ruta atlántica hay que huir tanto de los eufemismos que edulcoran una situación que es grave y acuciante, como de los exabruptos y los discursos grandilocuentes que no aportan ninguna solución. Aprecio los esfuerzos que están desplegando los poderes públicos con responsabilidades ejecutivas, incluido el Gobierno de España. Ante una afluencia tan abrupta esa respuesta debe someterse al contraste con la experiencia. Es palmario que se han cometido errores a raíz de una situación sin precedentes que es peor que la crisis de los cayucos porque ahora existen muchos instrumentos para evitarla que antes no existían, por lo que es doblemente grave lo que está pasando. No es razonable ni aceptable invocar a la prevención del efecto llamada hacia la Unión Europea porque Canarias forma parte de esa Unión Europea. La única respuesta aceptable y sostenible es un ejercicio de solidaridad inmediata y continuada con las Islas, que se están comportando ejemplarmente.
¿Qué errores se han cometido en la gestión de esta crisis?
Sólo hay que ver la secuencia de los hechos tal y como la describen los medios de comunicación. Ante una afluencia masiva, imponente y continuada de cayucos ocurrida, sobre todo, en los últimos fines de semana, con la llegada de miles de personas, es muy posible que las administraciones públicas hayan tomado decisiones cuyos efectos colaterales no hayan sido medidos adecuadamente o que no hayan sido explicadas de manera clara y transparente. Así ocurrió en el episodio de las guaguas con las que se desalojaron a 227 migrantes del muelle de Arguineguín, que fueron transportados hasta la plaza de la Feria, como si este suelo fuera mejor. En un esfuerzo solidario que se ejecutó sobre la marcha, se les encontró un alojamiento que respetara su dignidad como personas. Son episodios que muestran que todo se puede hacer mejor, aunque no censuro a quienes toman esas decisiones. Ante una situación tan imponente y en un tiempo tan corto todos podemos entender que ninguna decisión está libre de crítica ni de efectos secundarios igualmente criticables.
¿Existe la posibilidad de que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos dé marcha atrás y renuncie a encerrar a miles de migrantes en las Islas?
Ninguna de las propuestas que hemos conocido hasta el momento es suficiente en sí ni sostenible indefinidamente en el tiempo ni mucho menos definitiva. Disponer de las instalaciones del Ministerio de Defensa, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o de otros entes públicos para alojar de manera más digna a los miles de migrantes que hay en Canarias es una mejora transitoria de una situación que sigue siendo inaceptable. Pero, en ningún caso, se trata de una respuesta indefinida ni definitiva. La solución debe acompañarse de un esfuerzo diplomático en los países de origen, como hicimos con el Plan África a principios de siglo, para intentar reactivar los acuerdos de cooperación en el retorno, que se han detenido a raíz de la pandemia.
Se habla desde hace tiempo de Canarias como la nueva Lesbos o Lampedusa, como un Archipiélago prisión.
Existe una diferencia crucial. Conozco bien Lesbos y Lampedusa, las he visitado en distintas ocasiones, y allí se han hacinado en campamentos a seres humanos victimizados por las mafias de tráfico de personas y procedentes de lugares de conflicto a donde era imposible retornar. Hablamos de miles y miles de desplazados de la guerra de Siria, a donde no pueden volver sin arriesgar su integridad física y moral, al igual que quienes huyen de Libia, que es un auténtico infierno en cuanto a la violación sistemática de los derechos humanos. Pero los que llegan por la cornisa noroccidental africana a Canarias proceden, en su mayoría, de países de origen con los que España y la Unión Europea tienen acuerdos de retorno que ahora la pandemia impide cumplir. Por eso urge, en primer lugar, un ejercicio directo de solidaridad española, que además es la que da la autoridad moral para exigirla luego al resto de los Estados miembro.
