Nueva Canarias quiere ponerle un poco de picante a la negociación presupuestaria con el Gobierno central. Pese a las conversaciones previas sobre los asuntos que deben incluirse en el proyecto ya en tramitación en el Congreso, la formación nacionalista ha elevado el tiro de sus reclamaciones y presenta enmiendas parciales por un valor muy superior. Sus 28 propuestas de modificación de las cuentas iniciales presentadas suman un total de 200 millones, a lo que habría que añadir 100 millones de la parte de la deuda en carreteras que están contabilizada actualmente como superávit de la Comunidad Autónomas (516 millones en total) y cuya liberación solicitan para que sean integrados en los presupuestos regionales del próximo año.
La formación canaria parte así de una posición más exigente de la que teóricamente tiene apalabrada con el Ministerio de Hacienda en las negociaciones previas y cuyo montante económico es similar al que el propio Gobierno de Canarias –así como el PSOE de las Islas– ha trasladado al Ejecutivo central para que sea incluido en el proyecto presupuestario durante su tramitación parlamentaria. Esa cifra rondaría los 111 millones, justo la cantidad en la que NC considera que las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez incumple el REF en los conceptos incluidos en la reforma de 2018. Pero los nacionalistas optan por apurar los términos con los que iniciar la negociación y casi duplican sus reclamaciones iniciales.
El diputado de NC en el Congreso, Pedro Quevedo, ya lanzó el mensaje hace dos semanas tras su reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la semana pasada durante el debate de totalidad, que de su apoyo a que se iniciara la tramitación de las cuentas no se podía deducir el apoyo final a las mismas, y que para ello habrían de corregirse esos incumplimientos del REF e incluir otra serie de partidas con las que Canarias pudiera hacer frente a la crisis económica a la que se enfrenta por ser la comunidad más afectada, en términos de caída del PIB y de pérdida de empleo, por la pandemia de coronavirus.
Así, NC reclama la recuperación de dos partidas importantes como son los 30 millones de lucha lucha contra la pobreza, y los 42 de infraestructuras educativas, así como la incorporación de otras relacionadas con el nuevo REF como los programas de extensión de la banda ancha en Canarias (5 millones); fondos para la Estrategia de Especialización Inteligente de las Universidades canarias como centros de Referencia Nacional (2 millones para cada una de ellas); programa de Economía Circular para la gestión, reciclaje y descontaminación de residuos (2 millones), becas para el desplazamiento de estudiantes (1 millón); para financiar actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible (3 millones); o un programa especial de formación profesional en el sector turístico (3 millones).
También en relación con el desarrollo del nuevo REF se reclaman seis millones para los seguros agrarios; cinco de complemento al apoyo a la producción agrícola en el marco del Posei, así como siete millones para el transporte del plátano, que se añadirían a los diez que ya contempla el proyecto presupuestario.
En partidas al margen del fuero isleño, NC solicita dos grandes partidas que figuraban, con distintas cantidades, en presupuestos anteriores: 40 para un convenio entre Canarias y el Estado en materia de obras hidráulicas, y 19,7 para la ejecución de el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Otras demandas nacionalistas son los 5 millones para la Metroguagua de Las Palmas de Gran Canarias, y otros cinco para la atención de menores inmigrantes no acompañados, así como otras pequeñas cantidades para distintos programas locales o insulares.
NC también reclama 12,5 millones a la Media Luna Roja Saharahui para atender gastos de apoyo a los recursos técnicos y humanitarios para el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y lucha contra la Covid 19 en los campamentos de refugiados de Tinduf.
En relación con la deuda de carreteras, NC demanda la incorporación de una disposición adicional en la que se señala que el Estado abonará a la Comunidad Autónoma entre 2021 y 2024 los recursos registrados en el superávit regional de 2018 en aplicación de las sentencias del Tribunal Supremo sobre el anterior convenio, y que dichos recursos podrán ser aplicados por Canarias a “empleos no financieros no consolidables, excepcionales y temporales” con la siguiente distribución anual: 100 millones en 2021; 200 millones en 2022; y los restantes 216, hasta los 516 que componen esta deuda, en 2023. La redacción propuesta señala que los usos no financieros de estos fondos no se considerarán a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la comunidad autónoma en los ejercicios en que se registren.
La formación nacionalista también reclama la reducción de las tarifas aeroportuarias en las Islas para incentivar la conectividad del Archipiélago y ayudar a recuperar al sector turístico canario tras perder a los largo de este año 7,2 millones de plazas aéreas. También se presentan sendas enmiendas para que, a través de varias disposiciones adicionales del articulado del proyecto, se prorroguen los plazos previstos para la dotación de la RIC y la vigencia de la ZEC.
