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Crónica parlamentaria

Una responsabilidad decorativa

El anquilosamiento de las administraciones públicas, incluida la de Justicia, es un pecado civil que comparten las derechas y las iquierdas

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez.

Los dos puntos de mayor interés en la segunda jornada del pleno – sin olvidar iniciativas como la PNL del diputado de CC Jesús Machín para recuperar la práctica y competición de la lucha canaria -- fueron los debates sobre la modernización de la administración pública y acerca de la situación de la migración irregular en Canarias. El primero no resultó demasiado estimulante. Como recordó la diputada del PP Luz Reverón la ley de la Función Pública es de 1987, y aunque muchos textos legales la han transformado y matizado posteriormente, tiene ya más de treinta años: por entonces no se utilizaban ordenadores, sino máquinas de escribir, y el fax era un invento prodigioso, sin que nadie soñara con el correo electrónico. Por supuesto, todas las fuerzas políticas se mostraron a favor; lo difícil era averiguar a favor de qué concretamente. Socorro Beato, de CC, apuntó atinadamente que la pandemia ha servido hasta ahora pasa suspender la modernización de la Función Pública, Francisco Déniz, de Podemos, recordó en un rapto de lucidez que siempre es un buen comienzo reconocer la que las cosas no están bien y citó al pobre Max Weber, que no le había hecho nada; Reverón exigió que cualquier proyecto de reforma debería empezar por la regularización definitiva del personal interino, que supone alrededor del 30% de las plantillas; Carmen Rosa Hernández, de Nueva Canarias, recordó que en el próximo lustro se producirá una jubilación masiva de funcionarios y que ese era un dato prioritario en cualquier proceso de reformas. Julio Pérez, como un abad en el jardín del monasterio, recogía sonriendo todas las flores. Al final quiso achacar a la derecha – hasta Julio Pérez ha caído en esa costumbre – la paralización de la administración pública “por su ataque para desprestigiar todo lo público”.

En realidad el anquilosamiento de las administraciones públicas –incluida la administración de justicia – es un pecado civil que comparten las izquierdas y las derechas de este país. Hasta Felipe González ha reconocido que el PSOE de los años ochenta no se empleó a fondo en una transformación de las administraciones públicas para convertirse en instrumentos de gestión eficaces y eficientes al servicio de los ciudadanos. El PSOE, antes de Pedro Sánchez, ha gobernado en España más de 20 años.

Mucho más agrio, en cambio, fue el debate sobre la situación de la migración irregular en Canarias. Más agrio y, visto con cierta distancia, más impactante. Si hace un par de años – bajo la presidencia de Fernando Clavijo, digamos – más de un millar de subsaharianos hubieran sido concentrados en el muelle de Arguineguín, en condiciones de vida indecorosas, la izquierda parlamentaria hubiera bramado en la Cámara y exigido imperiosamente responsabilidades al Ejecutivo regional, sin excluir dimisiones. Pero ahora esa izquierda está en el poder y lo que toca es practicar un avestrucismo vergonzoso. Socorro Beato acusó al Gobierno autonómico de complicidad con el Gobierno central en la desastrosa gestión de la inmigración irregular en Canarias, incrementada casi exponencialmente en los últimos meses. Nada. Prácticamente no se ha hecho nada. Lo de la complicidad le molestó mucho al consejero de Justicia y Seguridad. Pérez suele controlar su irritación, pero constantemente se enfada, como si poner en duda o criticar alguna acción u omisión gubernamental llevara implícito un ataque a su caballerosidad intachable.  Es bastante raro.

Insistió el consejero en el delicado juego verbal del presidente Torres: no somos incompetentes, porque ejercemos bien nuestras competencias, pero es que además nos sentimos responsables por la situación. Es un truco semántico bastante obvio. Si uno se siente responsable de una situación debe admitir que los otros, igualmente, lo consideren responsable de la misma, y puedan interpelarle en ese sentido. Según la singular doctrina del señor Pérez un Gobierno puede ser y sentirse responsable de una situación y, al mismo tiempo, rechazar que alguien le pida responsabilidades por dicha situación. El Gobierno –según el consejero– solo sería responsable de sí mismo frente a sí mismo. Algo muy difícil de encajar en una democracia parlamentaria.

Austeridad

Los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno salieron en tromba en su defensa. La culpa era de Madrid –donde gobiernan también el PSOE y Podemos, pero qué más da– e incluso Bruselas. Ah, Bruselas, maravillosa cuando suelta perras y abandona la austeridad presupuestaria, pero tan malvada con los africanos que buscan una vida mejor. Bruselas sirve para un barrido o para un fregado, para un genocidio o para un austericidio. Francisco Déniz lo importante es que las madres y los niños inmigrantes ya están juntos en centros públicos canarios, contra el criterio inicial de la Fiscalía, gracias a una Dirección General gestionada por Podemos, “y mientras tanto hay que esperar que se acaben el hambre y la guerra” (sic). Luis Campos lo achacó todo a la falta de una política de inmigración continental, que ya es mala suerte que no exista una política de inmigración continental. El grupo parlamentario del PSOE mandó a hablar a un joven decolorido y triste al que parecía habérsele muerto el gato recientemente.

Socorro Beato insistió en que la gravedad de la situación debería llevar al Gobierno a plantarse frente a Madrid y recordó de nuevo cómo se había afrontado la crisis de los cayucos en 2006y 2007. “Se constituyó un gabinete de crisis, este Parlamento dirigió al Gobierno central una declaración institucional unánime, se trabajó conjunta y sistemáticamente con la Delegación del Gobierno y con el propio Gobierno de Rodríguez Zapatero, se desplegó una iniciativa diplomática, se dinamizaron las derivaciones a otros centros de la Península”. Julio Pérez escuchaba sin mover un músculo. Y respondió a la diputada nacionalista que no hacía falta plantarse y que el Gobierno de Canarias creía que no se derivaban suficientes migrantes, que se derivaban bastantes, pero en todo caso no los suficientes, y después se semejante presión sobre Pedro Sánchez y sus ministros, tomó asiento en el banco azul.

Un buen rato después llegaron al salón su señoría Dolores Corujo y el consejero Sebastián Franquis, después de un larguísimo café en una animada terraza satnacrucera, y en ese preciso momento el pleno tomó conciencia de sí mismo y decidió acabarse, con la anuencia algo cejijunta de Gustavo Matos.

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