El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, pidió ayer por carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se proceda “con la mayor diligencia” a que las personas migrantes que están en el puerto de Arguineguín, en Mogán, con resultado negativo en la PCR “sean trasladadas a algunas instalación dependiente del Ministerio de Interior o de la Administración general del Estado”.
La misiva fue divulgada ayer en el Parlamento de Canarias por Julio Pérez, que respondió a las cuestiones de los grupos políticos de la cámara autonómica sobre inmigración. Coalición Canaria había advertido antes al Gobierno regional de que la estrategia “deliberada” que “se vislumbra” por parte de España para convertir a las islas en una “cárcel” de migrantes es “una bomba de relojería” que puede desembocar en “estallido social” y en un problema de orden público, porque “algún día se van a cansar” los propios inmigrantes, informa Efe.
La diputada de CC-PNC Socorro Beato interpeló en el pleno del Parlamento al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, quien anunció que el ejecutivo canario acababa de realizar un “requerimiento formal” por escrito al Gobierno de España para que solucione la situación en el muelle de Arguineguín, donde se hacinan cientos de migrantes llegados en cayucos y pateras. El 6 de noviembre se espera la visita de Marlaska a Canarias junto a la comisaría de Interior de la UE Ylva Johansson.
El resto de la oposición coincidió en las críticas al Gobierno de Canarias por su “pasividad” y anuencia ante el desinterés que atribuyen al ejecutivo español por solucionar los problemas de la llegada de pateras, el cual, según el Astrid Pérez (PP), se solucionaría con una política diplomática exigente frente a Marruecos.
“Les viene muy bien, describen el problema como si tocando una tecla se resolviera, como si ocurriera solo en Canarias, como si no hubiera 50 millones de africanos que quieren irse de África”, reprochó Julio Pérez a la oposición. Según el consejero la única competencia del Gobierno de Canarias son los menores inmigrantes, y esas se cumplen, y en el resto de cuestiones el ejecutivo regional ejerce su responsabilidad exigiendo al Gobierno de España y a la Unión Europea que actúen.
Esas acciones deben centrarse en trabajar con los países de origen para evitar las salidas de pateras, aumentar de los medios de vigilancia, mejorar la acogida inmediata y realizar repatriaciones y derivaciones fuera de las islas.
Pérez afirmó que se están produciendo derivaciones, aunque no las suficientes, y también afirmó que se está mejorando el acogimiento con la disposición de nuevos espacios, a pesar de la falta de colaboración de algunos ayuntamientos.
En cuanto al almacenamiento de migrantes en el muelle de Arguineguín, reiteró que se está requiriendo formalmente al Gobierno de España que solucione el problema, aunque sin “subir la voz” ni utilizar “adjetivos”. “En realidad no es España sino la UE la que no le da la importancia que tiene al problema de la inmigración” y quiere que se quede circunscrito a las zonas fronterizas, apuntó. La diputada de CC-PNC Socorro Beato denunció el hacinamiento de personas en Arguineguín desde hace semanas, hasta 1.300, 400 de ellas al raso bajo la lluvia, sin que haya una respuesta clara ante esta crisis humanitaria del Gobierno de España, cuyos ministros “se pasan la pelota unos a otros”. “La inacción y la desidia del Gobierno de España han convertido a Canarias en una cárcel con la complicidad del Gobierno de Canarias”, denunció Beato.
Alertó de que el desempleo y la crisis económica en las islas lleva a muchas personas a posiciones de rechazo que pueden desembocar en xenofobia, y advirtió de que “estamos ante una bomba de relojería” que requiere “una respuesta contundente” para desactivarla.
Astrid Pérez, del PP, afirmó que la llegada de inmigrantes es sobre todo por la inacción de los gobiernos español y canario y por la ausencia de políticas diplomáticas firmes con Marruecos. “Cuando los gobiernos español y marroquí quieran, se acaba la llegada de inmigrantes”, como ha ocurrido en el norte del país, afirmó Pérez.
La portavoz de Ciudadanos, Vidina Espino, responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez de la crisis humanitaria, en un asunto en el que en Podemos “están callados y en silencio”. “El ministro de Migraciones se lava las manos, el de Interior no quiere traslados a la Península y el de Defensa no cede sus instalaciones”, denunció Vidina Espino.
El Gobierno de Canarias encontró el apoyo de los partidos que lo conforman, y así Manuel Abrante, del PSOE, ha reclamado soluciones y afronta el problema no desde la confrontación, sino desde el diálogo. Luis Campos, de Nueva Canarias, coincidió en que no hay política migratoria ni del Gobierno de España ni de la Unión Europea, pero no el Gobierno de Canarias sigue exigiendo “una política integral, con los derechos humanos como eje central”.
El diputado de Sí Podemos Francisco Déniz defendió que el Gobierno de Canarias ha actuado “con solvencia y justicia” en sus competencias, que son los menores, y denunció que los que critican que los inmigrantes estén hacinados en el muelle son los mismos que luego se quejan cuando se les aloja en hoteles.
El Gobierno “hace todo lo que se puede” pero se encuentra con la “incomprensión” de Europa, dijo Déniz, para quien el problema migratorio tiene causas profundas en África. Jesús Ramos Chinea, de ASG, elogió la actuación del Gobierno de Canarias en su intento de exigir más la implicación del Estado, que no pude usar a Canarias como “barrera” de paso a Europa.
