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Crónica parlamentaria

Y el presidente denuncia a una diputada por hacer política

Yaiza Castilla, este martes en el Parlamento.

Yaiza Castilla, este martes en el Parlamento.

En el pleno de ayer --triste, solitario y final – se citaron profusamente como felices noticias la aprobación del borrador de los presupuestos generales del Estado para 2022 por el Consejo de Ministros y la inmensa mole de pasta que vendrá desde Bruselas y de la no cabe descartar que nos aplaste en lugar de salvarnos. Curiosamente no se reparó, ni siquiera desde la oposición, que ayer venció el plazo de seis meses establecidos legalmente durante los que no se podía despedir a los empleados incluidos en ERTE declarado por causas excepcionales -el estado de alarma fruto de la covid-. A partir de ahora mismo las empresas pueden solicitar expedientes de regulación de empleo. Ni una palabra sobre eso en la Cámara regional. Para la mayoría gubernamental es de mal gusto referirse a los desempleados o a la pobreza, que vienen a ser, en el jardín de las flores progresistas, como un eructo indiscreto sobre una petunia, como un pedo impertinente en el ascensor que nos asciende al futuro de prosperidad y justicia. Los culpables de la pobreza son los partidos de derechas o una plaga vírica. Si piensa usted otra cosa, circule.

Ángel Víctor Torres, ya ha sido dicho, está en forma, y parece difícil que se desanime mientras la oposición no ejerza. Y de facto no existe oposición parlamentaria. Ciudadanos son apenas dos diputados que apenas colaboran entre sí. El PP once personajes en busca de un autor que, a ser posible, no escriba bufonadas socialcomunistas. Y bajo la dirección de José Miguel Barragán CC se ha instalado –con pocas excepciones discursivas –en un papel de leal oposición en la desgracia a la que el presidente Torres abraza con fruición, agradeciendo su apoyo patriótico, mientras sus consejeros patean discretamente (o no) la gestión pasada de los nacionalistas, con los que compartieron gobierno en dos ocasiones. En una, que duró cuatro años, con José Miguel Pérez como vicepresidente y consejero de Educación, Canarias sufrió los recortes más salvajes en materia educativa, sanitaria y asistencial a lo largo de casi toda la legislatura. Supuestamente Coalición espera a su VII Congreso Nacional, que se desarrollará a finales del próximo noviembre, para abrir una reflexión sobre su estrategia política y parlamentaria con vista a las elecciones de 2023. Y más les vale. Porque una cosa es la colaboración básica y la lealtad institucional en coyunturas catastróficas y otra es un inmovilismo acrítico que los propios diputados coalicioneros no saben si es carne o es pescado y termina con el Gobierno (y en especial el PSOE) como dueño invariable de la iniciativa política y el protagonista de un relato de resilencia, solidaridad y triunfo con un hombre sólido y tranquilo al frente, Ángel Víctor Torres, un canario tan común que termina siendo un canario extraordinario.

Lo único interesante de las respuestas de Torres llegó en las preguntas de María Australia Navarro, presidenta (provisional) y portavoz del PP, que al menos trajo al peno la desastrosa gestión de la migración irregular en el archipiélago: hasta un millar de migrantes se han hacinado en el muelle de Arguineguín. La cifra de cayucos y pateras no deja de aumentar. Navarro insistió mucho en la incompetencia de Torres, y entonces Torres le dijo que en lo que son sus competencias se ha hecho un buen trabajo, señalando los cinco centros de acogidas de menores migrantes. “La diferencia entre usted y yo es que usted hace política con esto y yo no”, rugió ligeramente el presidente. Pues muy mal. Es curioso ver a un político acusando a otro de hacer política. Torres, sin duda, no dispone de competencias en materia de migración, pero sí tiene responsabilidad política directa, como presidente del Gobierno y máxima representación del Estado, de lo que ocurre en su comunidad autonómica. La falta de competencias no te exonera de responsabilidad, sobre todo, cuando hablas de vidas humanas, no de malas hierbas en los vados de las autopistas. Pero ni algo tan elemental y obvio es capaz de señalarle la oposición al señor presidente.

(También habló de la situación migratoria Luis Campos, de Nueva Canarias, lolafloreando más que nunca con sus manos panaderas mientras se escuchaba embelesado según su costumbre, para pedir, no se sabe si a Madrid o a Bruselas, una política migratoria integral o algo por el estilo, solicitud que estuvo precedida por tristes consideraciones sobre la situación de los migrantes y un recuerdo a los que se ahogan “y las familias nunca saben si sus hijos han sobrevivido o no”. No, don Luis. Claro que lo saben. Si no los llaman telefónicamente saben que han muerto, muerto para siempre jamás con el agua salada como único sudario, un poco más muerto cada día en que no llega esa llamada).

El pleno incluyó una declaración institucional de la Cámara sobre la persecución de los bahaís, comunidad religiosa compuesta por unos ocho millones de personas, la mayoría instalados en la India. Los bahaís sufren persecución política en varios países, particularmente cruel en Irán, y Gustavo Matos lo condenó en nombre de sus señorías mientras media docena de bahaís, impertérritos, escuchaban desde la tribuna de oradores. Algunos diputados no estaban muy seguros de lo que oían, como si Matos se estuviera refiriendo incomprensiblemente a una orquesta gomera en medio del pleno. Al final se despistaron y no aplaudió nadie.

La diputado conservadora Luz Reverón le preguntó a Román Rodríguez por la convalidación de unas facturas del ente público Televisión Canaria; Rodríguez le respondió que Hacienda no había convalidado ninguna factura, porque a la tele autonómica la fiscalizaba la Audiencia de Cuentas. Después el vicepresidente improvisó un chiste: “Tiene usted más influencia y capacidad de control en la televisión autonómica que yo, porque yo no estoy, ni siquiera como diputado, en la comisión de control”. Después le replicó a su compañera María Esther González que estaba seguro que el Gobierno central cumplementaría las demandas canarias en el proyecto de presupuestos generales del Estado. “Si no fuera así”, agregó con un fisco de dramatismo en la voz, “un dudo en que este parlamento tomaría cartas en el asunto” (sic). A continuación María del Río Sánchez preguntó a Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales, por los hijos y madres migrantes que habían sido separados por orden de la Fiscalía y, por supuesto Santana desnudó su corazón y desenrolló las exigencias en esta materia que el Gobierno de Canarias había presentado a la Fiscalía y al Ministerio del Interior.

Los enfrentamientos más duros llegaron al final de la mañana. Miguel Ángel Ponce, del PP, desarrolló (según su estilo: es de lo mejor de su grupo parlamentario) una crítica sensata y acerada a la gestión de la pandemia desde el Gobierno autonómico. “El señor Torres dice que su gobierno va por delante del virus, no sé si no tener una explicación del mayor índice de contagios de Tenerife, los brotes en los centros hospitalario o encargar a los hoteles el control de pruebas diagnósticas es ir por delante de nada”. Blas Trujillo, que se materializó de repente sobre un escaño, respondió sin decir absolutamente nada en concreto, y a continuación procedió a desmaterializarse. Cristina Valido le preguntó a Noemí Santana sobre los retrasos en la ejecución del Plan de Infraestructuras Sociosanitaria de Canarias y Santana respondió que en realidad no hay retraso, pero si lo hubiera, la culpa sería del coronavirus y de Coalición Canaria. La mayor sorpresa fue el discurso de Ricardo Fernández de la Puente, habitualmente moderado y comedido, que le preguntó sin piedad a la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, que había hecho en los últimos seis meses. “Se lo adelanto”, precisó, “poco por no decir nada. Ya su disco rayado de campañas y reuniones no sirve para nada, y al sector, que sigue paralizado, se le acaba la paciencia”. Castilla apenas contenía un ataque de ira porque, para ser sinceros, es una política joven con una opinión excepcional sobre sí misma. “Cuando me equivoque no tendrá problemas en pedir perdón”, dijo, “pero no ha llegado ese momento”. Como Fernández de la Puente le dijo irónicamente que se arrayara un millo, la consejera se irritó todavía más. “¿Cree que esa falta de respeto es adecuada para dirigirse así en la Cámara a una consejera?”. Castillo debería saber que arrayarse un millo, en este español atlántico, no es una expresión ni grosera ni despectiva ni descalificadora. Puede usarse irónicamente y eso hizo el diputado. Pero la consejera no entiende de críticas ni de ironías. En vez de arrayarse un millo merece arrayarse toda una fanega.

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