El fiscal superior de Canarias, Luis del Río, ha dictado una instrucción en la que insta a los representantes del Ministerio Público en las Islas a que ingresen a los menores inmigrantes llegados en pateras a las islas "en centros de protección junto a los adultos que aleguen ser sus progenitores".

Esta nueva pauta de actuación pretende evitar que en adelante los pequeños sigan siendo separados de sus padres hasta que se obtienen los resultados de las pruebas de ADN que se realizan tras su llegada a las islas para comprobar su filiación.

Este protocolo se estableció a finales de 2019 ante las sospechas de casos de trata de seres humanos por la utilización de estos menores como "niños ancla" para entrar irregularmente en España por parte de mujeres que decían ser sus madres y que, una vez en el país, "desaparecían" antes de que las pruebas de ADN confirmaran que no tenían ningún alguno con los pequeños, recuerda la instrucción, a la que ha tenido acceso Efe.

"Para dar mejor respuesta a las situaciones planteadas en el pasado, la administración competente para adoptar las medidas de protección de los menores dispone en la actualidad de plazas residenciales en las que es posible la convivencia en un mismo lugar de los/las menores y los adultos que los acompañen", una situación que se considera "más adecuada para garantizar el superior interés del menor", refiere el escrito de Del Río.

Por todo ello, el fiscal superior de Canarias establece que en adelante, y ante estos supuestos, los fiscales de esta comunidad "solicitarán el ingreso del/de la menor y de quien diga ser su progenitor/a en alguno de los establecimientos residenciales con plazas disponibles para alojar familias biparentales y/o mujeres acompañadas de menores".

Aunque este será el criterio de aplicación preferente, "deberá ceder en aquellos casos en los que se considere que la convivencia del menor con el adulto que manifiesta ser su progenitor/a pueda provocar una situación de riesgo para su seguridad y/o su superior interés".

Esta instrucción de Luis del Río se produce días después de que Marissa, Mariame, Bintou, Aissa y Chata, cinco madres llegadas en patera a Fuerteventura con sus hijos, de muy corta edad, denunciaran que llevaban hasta dos meses sin verlos como consecuencia de la aplicación de las vigentes directrices de la Fiscalía de Menores para prevenir el tráfico de niños, cuyos efectos también ha criticado la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario, a quien compete la tutela de los niños en desamparo.