La Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno canario ha devuelto a sus hijos a cinco mujeres que llegaron en patera a Fuertenventura en las últimas semanas, tras recibir de la Policía y la Fiscalía las pruebas de ADN que acreditan su parentesco, según ha confirmado la Consejería de Derechos Sociales. Uno de esos niños es un bebé que estaba aún en periodo de lactancia.
La entrega de los pequeños a sus madres ha tenido lugar en un centro de acogida de la ciudad de Puerto del Rosario, tras la polémica que suscitó la denuncia pública realizada por estas mujeres por el sufrimiento que les estaba ocasionando el protocolo que aplica la Fiscalía para prevenir el tráfico de menores.
La medida de la Fiscalía fue criticada por el Gobierno de Canarias, que consideraba que la separación vulneraba los derechos de los niños, e incluso ha provocado que se abra una investigación del Defensor del Pueblo, que en su informe del año pasado suscribió que se considere a estos niños “menores en riesgo” hasta que se acredite su filiación, pero aplicando otro tipo de cautelas.
Por su parte, Arcadio Díaz Tejera, juez responsable del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Gran Canaria, lamentó que se haya tomado esa decisión de separar a los pequeños de sus madres sin pensar en las circunstancias de estas mujeres que llegan en patera, y sobretodo cuando uno de esos niños es un lactante. “Si el hubiera sido su hijo, la funcionaria que tomó la decisión no hubiera tenido las mismas agallas” aseguró el también juez del Juzgado de Instrucción Ocho de la capital grancanaria.
Uno de los niños separados de su progenitora estaba en periodo de lactancia
Ante esto, la Secretaría de Estado de Migraciones en Gran Canaria ha anunciado que en los próximo días habilitará dos centros para evitar separar a las madres que llegan a la isla en patera de los niños que traen consigo hasta certificar su vínculo filial.
El objetivo es “terminar con esta situación por el momento”, según han indicado a Efe fuentes de la Secretaría de Estado, que han informado de que las 90 plazas estatales de estos dos centros (50 en uno y 40 en otro) están siendo “adaptadas a esa situación de vulnerabilidad para que en los próximos días estén disponibles para ese fin”.
Los inmigrantes que ocupan esos centros están siendo derivados a otras plazas del sistema estatal de ayuda humanitaria para que puedan ser ocupados por las madres y niños que llegan a Canarias mientras se certifica por la vía de ADN que son sus hijos.
El ofrecimiento de estos dos establecimientos lo hizo el pasado martes la secretaria de Estado, Hana Jalloul, a la consejera de Derechos Sociales de Canarias, Noemí Santana, quien agradeció la disposición de Migraciones, según las mismas fuentes.
Un protocolo con carácter “temporal” que defiende la Fiscalía General del Estado, si bien reconoce que “la desmesurada presión migratoria” que sufre Canarias está provocando retrasos en las pruebas de ADN y ofrece al Gobierno autonómico impulsar los reagrupamientos familiares.
De esta forma, el Ministerio Público respondió a las quejas expresadas por varias mujeres inmigrantes llegadas en las últimas semanas a Canarias y a las que les han retirado los niños hasta que una prueba de ADN acredite su parentesco, en una separación que para algunas de ellas se prolonga ya cerca de dos meses.
