El Gobierno de Pedro Sánchez no sabe cuándo concluirá los trámites para que la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) y la Zona Especial Canaria (ZEC) puedan seguir funcionando más allá del 31 de diciembre. Ese día expiran los plazos para materializar la RIC y para la inscripción de proyectos en la ZEC, los dos principales instrumentos del Régimen Económico y Fiscal (REF) para facilitar y promover la actividad empresarial y la creación de empleo. Bruselas ya ha dado su permiso para prorrogar ambos incentivos, de modo que ahora solo hace falta que España comunique la prórroga a la Comisión Europea y modifique el REF con una ley. Sin embargo, y cuando apenas faltan dos meses y medio para la fecha límite, el Ministerio de Hacienda “estudia” la cuestión “sin que se puedan concretar plazos al respecto”.
Así consta en la respuesta del Gobierno central a preguntas del senador Fernando Clavijo, donde el Ejecutivo deja así en el aire dos herramientas claves del REF. La RIC permite a las empresas no tributar por hasta un 90% de los beneficios (de los beneficios no distribuidos por medio de, por ejemplo, dividendos) a cambio de invertir esa cantidad en el Archipiélago. Incluso pueden invertir en un año determinado con cargo a los beneficios que destinen para la RIC tanto en el año en cuestión como en los tres siguientes, las llamadas inversiones anticipadas. Pero eso sí, el límite es el 31 de diciembre de 2020, el mismo que el de la autorización para inscribir nuevos proyectos en el registro de la ZEC, el área de baja fiscalidad en la que las empresas tributan por el Impuesto de Sociedades a un tipo reducido del 4%.
Para prolongar ambos plazos hace falta modificar la ley del REF, lo que solo es posible por medio de una nueva ley que el Ejecutivo estatal aún no ha redactado. “El Ministerio de Hacienda estudia dicha cuestión, sin que se puedan concretar plazos al respecto”, insiste el Gobierno en la respuesta por escrito al expresidente canario, fechada ayer mismo y a la que ha tenido acceso este diario.
De hecho, el Ministerio que dirige María Jesús Montero ni siquiera le ha transmitido aún a la Comisión Europea su intención de prorrogar los incentivos fiscales del REF, una posibilidad a la que Bruselas dio vía libre desde julio.
“La prórroga de los incentivos fiscales debería comunicarse, en su caso, por España a la Comisión Europea [...]. El Ministerio de Hacienda estudia dicha cuestión”, repite el escrito. En definitiva, la RIC y la ZEC, que es tanto como decir el REF mismo, quedan así en suspenso hasta que Hacienda mueva ficha, informe a Bruselas de su intención de prolongar los incentivos y modifique el REF con una nueva norma con rango de ley.
Hay que recordar que desde la patronal canaria vienen insistiendo en la necesidad de que se dé un año de gracia a las empresas para materializar la RIC de 2016. Lo reservado ese año para inversiones debía concretarse como máximo en 2020, pero la crisis por el coronavirus ha roto todos los planes, de ahí la petición de ese año de gracia. Con todo, la preocupación es ahora la continuidad misma de la RIC.
Inseguridad jurídica
La indefinición del Gobierno central respecto de la continuidad de la RIC y la ZEC más allá del 31 de diciembre, algo que el propio Ejecutivo deja patente en su respuesta al senador Fernando Clavijo, coloca a las empresas en una situación de inseguridad jurídica justo en medio de una crisis sin precedentes por el coronavirus. Desde la patronal aseguraron ayer que al final “nadie” va a reservar este año beneficios para la RIC, lo que se conoce como dotar la RIC, cuando no hay certeza alguna de qué ocurrirá en los próximos ejercicios.
